El agua une a Barreda y a Cospedal frente a sus partidos

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, y la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, acordaron ayer hacer frente común en defensa del proyecto de Estatuto de esa comunidad, que incluye el final del trasvase Tajo-Segura para 2015.

Barreda se enfrenta así a la dirección del PSOE, que quiere eliminar ese artículo en la tramitación del Estatuto en las Cortes, que se inicia en octubre en el Congreso.

También se enfrenta a sus compañeros de partido de Murcia y la Comunidad Valencia. Los primeros han encargado un informe jurídico para demostrar la inconstitucionalidad de ese artículo estatutario. El asunto se ha convertido en uno de los caballos de batalla del agitado debate precongresual de los socialistas valencianos donde, por ejemplo, se debatirá una enmienda de uno de los candidatos, Ximo Puig, en la que se dice que Castilla-La Mancha "no tiene capacidad política ni ninguna razón de ser" establecer la caducidad del trasvase. Diputados y senadores socialistas de las tres comunidades afectadas, con posiciones enfrentadas, deben votar el texto en el Congreso y en el Senado.

Más complejo

El caso de María Dolores de Cospedal es mucho más complejo y contradictorio porque compatibiliza el cargo de número dos del PP con el de líder de la oposición en Castilla-La Mancha. En su comunidad pactó el Estatuto, incluida la caducidad del trasvase, pero el PP siempre ha mantenido que las competencias del agua deben ser del Estado.

El recurso del PP al Estatuto de Cataluña considera claramente inconstitucional al artículo 117 (que otorga a la Generalitat competencias sobre el agua) por considerar que invade competencias del Estado. La redacción de ese recurso lo dirigió la ahora portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. Ella acordó con el PSOE en la anterior legislatura matizar el texto que llegó al Congreso del Estatuto de Aragón para dejar clara la competencia del Estado. Además, Cospedal se enfrenta a dos gobiernos clave del PP, con barones poderosos, el de Valencia y el de Murcia, contrarios al final del trasvase. El acuerdo entre Barreda y Cospedal fue aprobado ayer por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha, a iniciativa del presidente autonómico, al término del debate sobre el estado de la región.